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Cada 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una jornada que pone el foco en los derechos de un colectivo fundamental para el bienestar de muchas familias y personas mayores. Según los datos del Ministerio de Trabajo y el SEPE, en enero de 2025 hay 347.438 personas afiliadas al Sistema Especial de Empleados del Hogar, de las cuales el 96% son mujeres y el 45% son extranjeras.
A pesar de la reforma del Real Decreto-ley 16/2022, que mejoró la protección de estas trabajadoras al reconocerles el derecho al desempleo y reforzar su acceso a la inspección laboral, la precariedad sigue presente. La Encuesta de Población Activa (EPA) estima que en realidad hay más de 600.000 personas trabajando en el empleo doméstico, lo que revela que casi un 40% lo hace en la economía sumergida.
Cada 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una jornada que pone el foco en los derechos de un colectivo fundamental para el bienestar de muchas familias y personas mayores. Según los datos del Ministerio de Trabajo y el SEPE, en enero de 2025 hay 347.438 personas afiliadas al Sistema Especial de Empleados del Hogar, de las cuales el 96% son mujeres y el 45% son extranjeras.
A pesar de la reforma del Real Decreto-ley 16/2022, que mejoró la protección de estas trabajadoras al reconocerles el derecho al desempleo y reforzar su acceso a la inspección laboral, la precariedad sigue presente. La Encuesta de Población Activa (EPA) estima que en realidad hay más de 600.000 personas trabajando en el empleo doméstico, lo que revela que casi un 40% lo hace en la economía sumergida.
El trabajo doméstico y de cuidados ha sido históricamente invisibilizado y poco valorado, a pesar de ser esencial para el funcionamiento social y económico. Las trabajadoras del hogar permiten la conciliación familiar y laboral, cuidan de personas mayores, dependientes y niños, y sin embargo, muchas veces lo hacen sin contrato, sin cotización y sin derechos básicos garantizados.
Esta precariedad tiene rostro de mujer migrante, muchas veces sin red de apoyo ni información sobre sus derechos. La falta de acceso a un empleo formal impide que estas profesionales puedan cotizar para una pensión, acceder a prestaciones por desempleo o disfrutar de condiciones laborales dignas.
Más allá de los datos, el trabajo del hogar es también un acto de cuidado y de humanidad. Cada día, miles de mujeres acompañan a personas mayores en sus rutinas, les brindan afecto, les ayudan a mantener su autonomía y les ofrecen compañía.
Reconocer este trabajo desde la empatía implica también promover un cambio cultural: dejar de hablar de "ayuda" para hablar de profesionalización y derechos laborales. Dignificar este empleo es avanzar hacia una sociedad que valora los cuidados y entiende que cuidar también es trabajar.
Tal y como hemos analizado en nuestro blog de Senniors, la economía sumergida en el sector del cuidado sigue siendo uno de los grandes problemas estructurales en España.
Se estima que el Estado deja de ingresar 1.200 millones de euros al año en cotizaciones y tributos por el empleo doméstico no declarado. Pero el mayor coste no es solo económico, sino humano: miles de personas cuidadoras quedan fuera del sistema, sin respaldo legal ni acceso a la seguridad social, y las familias se enfrentan a una gestión laboral insegura e inestable.
Regularizar el empleo en el hogar no solo es una cuestión de justicia social, sino también de garantía de calidad, transparencia y seguridad para todas las partes.
A pesar de los avances legislativos y del reconocimiento simbólico en jornadas como el 30 de marzo, todavía hay numerosos retos que afrontar:
En Senniors, trabajamos cada día por un modelo de cuidados profesional, digno y libre de precariedad. Defender los derechos de las trabajadoras del hogar es también defender el derecho a cuidar bien.
